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El PP denuncia a la Fiscalía las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud

“Hay serios indicios de que se han cometido delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y usurpación de funciones”, dice Buruaga

La presidenta del PP avisa de que el frente judicial no supone renunciar a la vía política porque hay responsabilidades políticas

 

El Partido Popular va a formalizar una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria para que investigue las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud porque tiene serios indicios de que se han cometido delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas, ha anunciado la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga.

El PP tiene indicios de que se pudieron cometer presuntos delitos de malversación cuando se adjudicaron contratos de asesoramiento externo que no estaban justificados, contratos por asistencias técnicas injustificadas, inexistentes o ficticias porque no había nada sobre lo que asesorar.

También existen indicios de que el uso fraudulento de la contratación menor, de la que se han beneficiado principalmente tres empresas que son la misma y tienen como administrador al hijo de un alcalde socialista,  puede constituir, además de un delito de tráfico de influencias, un delito de malversación por doble contratación.

Además, hay indicios de que la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados a los centros pueden constituir un delito de falsedad documental en concurso con usurpación de funciones públicas.

La dirigente popular ha explicado que el PP ha decidido abrir el frente judicial porque ha llegado a la conclusión de que esta es la única vía para que se abra una investigación real, independiente y transparente, puesto han pasado 15 días desde que trasladó los hechos al presidente Miguel Ángel Revilla y ni se han depurado responsabilidades políticas como reproche a un escándalo monumental ni se ha abierto una verdadera investigación a través de la Intervención General.

“El propio Gobierno nos ha abocado a ello, nos ha empujado directamente a la Fiscalía”, ha afirmado Buruaga, quien ha hecho hincapié en que no es partidaria de judicializar la vida política y por eso ha tratado por todos los medios de evitarlo.

La presidenta del PP ha subrayado que la denuncia ante la Fiscalía no supone que el Partido Popular abandone la vía política ni renuncie a una respuesta política.

 Y ha explicado que una cosa son las graves irregularidades en la contratación  que  inhabilitan a la cúpula para seguir dirigiendo la sanidad un minuto más; otra las ilegalidades en el ámbito administrativo que pueden llevar aparejada la nulidad de determinados contratos, y otra bien distinta son las responsabilidades penales.

“De exigir las responsabilidades jurídico penales se encargan los tribunales de justicia y de exigir las responsabilidades políticas, el responsable de formar gobierno y nombrar y cesar a sus altos cargos que es el presidente del Gobierno”, ha añadido.

Según la presidenta del PP,  en política uno tiene que ser capaz de explicar lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace y  las cosas no son “o delito o nada”  porque las  responsabilidades políticas existen, salvo cuando salpican a Miguel Ángel Revilla.

Por eso, el PP seguirá señalando a Revilla y exigiéndole el cese inmediato de la consejera, del gerente y del subdirector del SCS porque, de lo contrario, estará uniendo su destino al suyo, y seguirá exigiendo que  la Intervención investigue de forma exhaustiva todos los contratos del SCS para conocer el verdadero alcance de este escándalo y poner coto a estas conductas que deberían avergonzar a todos.

Además, se va a sumar a todas las iniciativas que adopten en el Parlamento los demás grupos parlamentarios salvo a una, la comparecencia de la funcionaria que en febrero presentó la denuncia ante la consejera, a la que en su opinión hay que amparar y proteger.

Según Buruaga, con su actuación, el  Gobierno y su presidente están lanzando el mensaje perverso de que si alguien conoce un caso de presunta corrupción, se tiene que atener a las consecuencias si denuncia.

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