Partido Popular en Cantabria

Al respecto, Albalá explicó que ambos "defienden que ese crecimiento de los núcleos urbanos debe acometerse de manera ordenada y en base a criterios de racionalidad o, por ejemplo, de capacidad de acogida. Sin embargo, continuó, "este proyecto contempla un núcleo de casi 3.000 viviendas en una zona degradada ambientalmente y en el contexto de una actuación cuya pretensión es, precisamente, la recuperación ambiental de la misma".

El diputado regional del PP recordó que a esas viviendas hay que añadir que el proyecto contempla además "una zona prevista para suelo industrial y otra más dedicada al sector terciario comercial, con la más que probable instalación de una gran superficie".

Albalá quiso dejar "muy claro" que el Partido Popular "es partidario y por lo tanto está a favor de desarrollar esta área", pero subrayó que "nunca dará su visto bueno a unos postulados netamente especulativos como los que se contemplan en el proyecto que pretende realizar el Gobierno de Cantabria".

Otro aspecto, en su opinión "negativo", que el diputado regional del PP quiso señalar es la utilización de la disposición de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para desarrollar el proyecto. En este sentido, Albalá dijo que "el uso de la figura del PSIR se hace en detrimento de la autonomía municipal de los tres ayuntamientos a los que afecta el proyecto".

"Torrelavega, Cartes y Reocín han tenido que modificar sus planeamientos urbanísticos aún sin conocer los contenidos del proyecto", apuntó el parlamentario del PP, quien consideró que "tras estas modificaciones, los ayuntamientos han quedado inermes y sin capacidad de influir sobre el mismo, puesto que el propio PSIR sustrae de dicha posibilidad".

En su opinión el Gobierno "ha vuelto a dejar fuera de juego a la autonomía municipal, demostrando una total y absoluta falta de respeto hacia los ayuntamientos afectados, sus corporaciones y los propios vecinos a quienes estas representan".

Pero no sólo el proyecto planteado por el Ejecutivo para el Ecoparque Besaya preocupa al Partido Popular, sino que hay otros aspectos que Albalá considera "deben ser explicados", como el hecho de que la Sociedad de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas (CEP), "contratara a un abogado que mantiene múltiples relaciones empresariales y familiares con la empresa adjudicataria del proyecto, para asesorar sobre dicha adjudicación en la comisión creada al efecto".

"El Gobierno de Cantabria debe explicar esa contratación, aunque si aún no lo ha hecho cuando ha tenido oportunidad, es porque resulta inexplicable", subrayó el diputado regional del PP, quien calificó como "al menos dudosa" la mencionada contratación y "tan innecesaria como oscura", concluyó.