Partido Popular en Cantabria

El actual equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Alfoz impulsó un procedimiento de revisión de esa licencia, que autoriza construir ochenta y cinco viviendas en las laderas de la ría de la playa de Luaña.
Dichos terrenos fueron considerados zona de protección ecológica por los técnicos del Gobierno de Cantabria en el año 2005. Las obras se proyectan sobre una zona de monte y eucaliptal con grandes pendientes (desniveles que llegan incluso a superar el 40%), carente de servicios, con escolleras de grandes dimensiones y prevé calles con grandes rampas.
Lo que hace ahora el Consejo de Estado es dictaminar que esa licencia no se puede declarar nula, aunque pudiera ser ilegal.
El actual equipo Municipal no fue quien calificó en 1983 urbano este suelo, ni ha sido el que ha establecido las premisas para que pudiera haber derecho a edificar en esta ladera.
En el año 2005 se otorgó licencia de construcción por parte del anterior alcalde del PRC. Una decisión que tras llegar a la alcaldía Enrique Bretones, y estudiar en profundidad los distintos informes emitidos sobre dicho terreno, en especial el realizado por la CROTU, se comprobó que lo aprobado era una aberración para nuestro pueblo y podía dar lugar a graves problemas en el futuro. La propia CROTU, en su informe, califica el terreno como suelo de protección litoral y protección ecológica.
Con el fin de prevenir esas futuras consecuencias negativas, se inició un procedimiento de lesividad que, a raíz de un informe de la secretaria municipal, derivó en la solicitud de ese dictamen al Consejo de Estado.
Se ha tratado por tanto de prevenir posteriores consecuencias como las que estamos padeciendo debido a licencias que se han dado en el propio ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, o en otros municipios de la región, como ya se sabe de sobra.
Se ha hecho todo lo que se ha podido pues los antecedentes indicaban que si esta licencia se construye puede derivar en grandes problemas para el ayuntamiento. Por ello desde se han solicitado todos los informes habidos y por haber para no tener problemas en un futuro.
El sentido de la responsabilidad impone que, por un lado , con plenas garantías para el titular de la licencia se adopten medidas para evitar una futura eventual anulación cuando se esté construyendo o se hayan vendido las viviendas a terceros inocentes, cuando las indemnizaciones que debamos afrontar nos condenen a la bancarrota como institución y, nos impone saber cómo pudo ser que un suelo urbano naciese en una ladera de eucaliptal, asomada a una playa, inaccesible y con unas intensidades edificatorias que para sí quisieran tantos vecinos de fincas llanas y mejor dotadas de nuestros pueblos que son calificadas rústicas.
Lamentamos que en esta labor responsable no contemos con el apoyo de algún concejal que incluso, se ha personado activamente en defensa de esta construcción ante el Consejo de Estado.
Desde nuestro punto de vista, a la hora de emitir ese dictamen, se han tenido más en cuenta los derechos del propietario, cosa que respeto, que las características de la finca, de las que antes se ha hecho referencia, así como su impacto ambiental.
Desde la alcaldía acatamos, como no puede ser de otra manera, el dictamen del Consejo de Estado, pero consideramos que aún es posible evitar que se llegue a una situación de la que tengamos que arrepentirnos en el futuro.
Creemos que con el apoyo de los ciudadanos debemos continuar, con responsabilidad, ejerciendo lo que consideramos nuestras obligaciones.

Además, pedimos al gobierno regional que estudie dicha licencia otorgada en el 2005, y prevea cualquier problema que pueda acontecer en el futuro, y en caso de que pueda haber soluciones desde sus competencias prevenga antes de lamentar algo que, como estamos viendo ahora en todos los medios regionales, ocasiona serios perjuicios para las personas.
Solicitamos, por lo tanto al Gobierno de Cantabria que adopte las medidas oportunas, aquellas que estén en su mano, para evitar que volvamos a ser portada, debido al daño causado a personas ajenas a las decisiones de las Administraciones Públicas, pero que en última instancia las sufren en carne propia, ya que tienen que pagar con sus impuestos derribos, indemnizaciones y largos procesos judiciales.