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La Ley General de Telecomunicaciones: elemento de mejora de la competitividad empresarial y de la calidad de servicio al ciudadano

Javier Puente, diputado nacional del PP por Cantabria y portavoz de Telecomunicaciones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados

 

El Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de septiembre, supone un nuevo paso hacia delante por parte del Gobierno del Partido Popular dentro de su política de impulsar la competitividad empresarial mediante la liberalización del sector servicios, así como de mejorar los niveles de atención a los ciudadanos con unos menores costes económicos.

Tal y como ha indicado el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la nueva ley afronta el reto que supone el mercado único digital europeo, cuya excesiva fragmentación actual redunda en contra de su funcionamiento eficaz.

En gran medida, la Unión Europea (UE) reconoce que nuestro continente necesita aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar quedarse atrás en la carrera de la competitividad empresarial y el bienestar ciudadano. La crisis económica, que ha obligado a empresas y gobiernos a realizar profundas reformas estructurales, debe servir también para la conformación de un nuevo modelo organizativo que apueste por un mundo conectado, global y abierto al cambio.

Todos somos conscientes de que, por sus peculiaridades, las redes de telecomunicaciones conforman los cimientos de la economía digital. Por eso, carencias actuales como la lentitud o su mediana fiabilidad lastran la competitividad de toda la economía europea. Como punto de partida el sector necesita un mercado único, cuya creación supondrá un impulso macroeconómico de máximo nivel para la UE, reforzando así su credibilidad política. De esta manera se facilitará una reorganización que contribuya a la generación de empleo cualificado, el saneamiento de las empresas que desarrollan su actividad en el sector y la mejora integral del tejido socio-productivo europeo, acelerando así la definitiva salida de la recesión económica.

Precisamente, los ejes directrices que definen la Ley General de Telecomunicaciones afrontan este conjunto de necesidades y desafíos. Entre sus principales aspectos cabe destacar: la definición y obtención de un marco regulatorio más estable, que fomente la inversión, incremente la seguridad jurídica y elimine las barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación; la simplificación de determinados procedimientos administrativos, entre los que se encontraría la eliminación en la necesidad de ciertas licencias en infraestructuras que hacen uso del espectro radioeléctrico, lo que va a redundar en favor de un sector caracterizado por sus elevados niveles de innovación y dinamismo; y la puesta en marcha de este conjunto de medidas en beneficio de los ciudadanos, que estarán así en condiciones de recibir un servicio de mejor calidad, con un menor coste económico y unas mayores garantías en tanto en cuanto consumidores de los mismos.

Cada año el sector digital está generando en Europa 100.000 puestos de trabajo. Es preciso estar preparados para aprovechar estas oportunidades laborales de empleos cualificados. El espíritu de unificación y simplificación del mercado de la Ley General que, además, apuesta por la activa colaboración institucional entre el conjunto de las Administraciones Públicas, se encamina en dicha dirección, contribuyendo además a sentar las bases para impulsar la implantación de la Sociedad de la Información en España. Así, se mejorará la competitividad empresarial, fomentando la generación de empleo ya a corto plazo, y se conseguirán unas tarifas más ajustadas y un mejor servicio para los usuarios finales.

 

Tribuna de opinión publicada el 18 de octubre de 2013 en El Mundo Cantabria

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