Partido Popular en Cantabria

El debate sobre la gestión que el anterior Gobierno de Cantabria hizo de las acciones de CANTUR en el Racing cambia de escenario. Del ámbito político pasa ahora al judicial. La empresa pública, a la que se le ocasionó un perjuicio de seis millones de euros, emprende los pasos para exigir responsabilidades. Por ello ha decidido poner en marcha dos iniciativas. La primera, presentar una querella contra Marcano, Agudo, Egusquiza y Montalvo por la posible existencia de tres delitos: malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito solitario por administración desleal y frauduleta de una empresa. La segunda, personarse en el concurso de acreedores para exigir sus responsabilidades, también, a Francisco Pernía. Según el dictamen de los abogados, a Pernía no puede involucrársele en la operación de venta de las acciones puesto que no firmó ningún documento - al igual que Revilla -, pero sí se le podrán pedir responsabilidades por la gestión del club, la devaluación de su valor y, en consecuencia, la devaluación del patrimonio público invertido. También podría incluírsele en la querella si, durante la instrucción, aparecen pruebas o testimonios que le impliquen.

A modo de balance, y con el propósito de cerrar ya este debate en el ámbito parlamentario y dejar que actúe la Justicia, parece adecuado retener al menos algunas ideas a modo de conclusión acerca de todo lo que se ha hecho.

1) Es el Gobierno de Revilla quien da su consentimiento al nombramiento de Francisco Pernía como presidente del club. El contrato que suscriben Dumviro y CANTUR el 29 de diciembre de 2005 establece que el nombramiento del presidente y de los consejeros, así como todas aquellas operaciones superiores a los tres millones de euros, deben ser consultados con el Gobierno y aceptados por éste. Durante toda la etapa de Pernía, el Gobierno de Cantabria fue copartícipe de la gestión del club.
2) Dumviro no pagó y el Gobierno no hizo por cobrar. Dumviro incumplió todo el calendario de pagos. No pagó ni un euro, a pesar de que la empresa SEOP, a quien pertenecía, recibía contratos públicos. Ni Dumviro pagó ni CANTUR hizo por cobrar. ¿Es eso administrar lealmente una empresa?

3) Cuando se decide la venta del club, el Gobierno de Cantabria impone a Credit Suisse para la búsqueda de comprador. Finalmente, Alí Syed llega de la mano de Credit Suisse, Deloitte y, muy probablemente, Francisco Pernía.

4) Dumviro vende a Alí Syed sus acciones, y, con ellas, le traspasa también la deuda contraída con CANTUR. Pero las condiciones de esa deuda cambian de modo inexplicable. Primero se debían 7,7 millones de euros. Después se deben sólo 6,5 millones. A Alí Syed se le hace una rebaja de 1,2 millones de euros sin que nadie explique por qué. También se cancela la prenda sobre las acciones y se degradan las garantías de cobro. La operación, por importe de 6,5 millones, se sostiene en un único aval de 1,5 millones de euros y no hay mas avales. Toda esa negociación la llevan Ángel Agudo y Luis Egusquiza.

5) Los abogados contratados por el Gobierno advierten expresamente de la pérdida de las garantías de cobro. No se les hace ningún caso.
6) El informe sobre la solvencia del comprador se hace a nombre de una empresa, con sede en Bahreim, pero se firma con otra, de Holanda. El informe de solvencia es una farsa.

7) El contrato que se cierra en Zurich el 28 de enero de 2011 y que se firma en Santander el 29, deja al Gobierno de Cantabria atado de pies y manos. No se incluye una cláusula, habitual en los contratos, por la cual el vendedor queda facultado a reinscribir las acciones en el registro mercantil en caso de impago. Tampoco se emiten avales por el importe total de la operación.

8) En lugar de garantías sólidas, como habrían sido aquellas, se establecen otras menores. En caso de incumplimiento se remite a una reclamación ante la Cámara de Madrid o a una rocambolesca vía de recompra de acciones.

9) El Gobierno del PP opta por reclamar ante la Cámara de Comercio de Madrid, solicitando retrotraer la situación al 28 de enero de 2011 debido al impago. Pierde la reclamación, pero eso no implica que la otra opción hubiera sido mejor. Ejercer la recompra de las acciones era, según los abogados, una opción imposible, cuya duración podría haberse alargado tres, cuatro o cinco años. Era preciso seleccionar las empresas de tasación, pero ese acuerdo parecía imposible con un hombre desaparecido, en busca y captura y perseguido por la Interpol. Si el Gobierno lo hubiera hecho unilateralmente, sin duda Alí Syed habría recurrido ante los tribunales. Otro año. Fijado el precio de la tasación, el acuerdo habría sido susceptible de un nuevo recurso. Si, resuelto todo en tres o cuatro años, se le hubieran comprado las acciones a Alí, a lo mejor se habría comprado algo que Alí no puede vender por no ser suyo, porque nunca le pagó a Montalvo. De hecho, este aspecto está todavía por resolverse en los tribunales, Por último, el Gobierno de Cantabria se haría cargo de una deuda de 37 millones de euros, que es la deuda que arrastra el Racing. ¿Está Cantabria en condiciones de destinar otros 37 millones de euros al Racing? ¿De dónde se quita? ¿De Valdecilla?

10) El dictamen jurídico encargado por CANTUR identifica hasta tres delitos. ¿Se puede mirar hacia otro lado ante un informe así? Cantur no pretende juzgar a nadie, pero sí que los jueces lo estudien y, en última instancia, que puedan abrir la vía para reclamar y recuperar cuanto sea posible del patrimonio público.

Tribuna de opinión publicada el 23 de octubre de 2013 en El Diario Montañés