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Medidas para consolidar la recuperación de la economía

Javier Puente Redondo, diputado nacional del Partido Popular por Cantabria

 

El pasado 10 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El texto, que recoge el completo plan aprobado un mes atrás por el Consejo de Ministros, es un paso hacia delante dentro de la propuesta reformista llevada a cabo por el Partido Popular para conseguir un entorno económico más competitivo, con capacidad para la creación continuada de puestos de trabajo y con estabilidad para garantizar la consolidación del Estado del Bienestar.

No es posible obviar las críticas que desde determinados grupos de la oposición se han realizado en contra de la tramitación del texto presentado por el Gobierno de la Nación, pero cabe recordar que la fórmula de tramitación de este Decreto Ley ha sido exactamente la misma que utiliza habitualmente el Congreso y precisamente la misma que utilizó el PSOE en 2010 para aplicar recortes como el recorte de las pensiones.

Y, de esa misma manera, tampoco es posible obviar la situación en la que se encontraba España a finales de 2011 cuando el Partido Popular llegó al Gobierno: un país al borde del abismo, según subrayaban los analistas más prestigiosos e independientes, en el que se había abandonado toda disciplina fiscal, el déficit galopante se situaba por encima del 9%, no se habían tomado medidas para corregir las deficiencias del sistema financiero y asistíamos a la constante pérdida de competitividad que derivaba en una dolorosísima destrucción del empleo.

Con el esfuerzo colectivo de la sociedad española hemos afrontado la recesión económica más profunda de toda la historia de la democracia española. Juntos hemos podido estabilizar la situación fiscal, superando una crisis de deuda sin precedentes que hubiera conducido a la intervención de nuestra economía; juntos hemos realizado una enorme reestructuración del sistema bancario; juntos estamos implantado un programa de austeridad en las Administraciones Públicas; y juntos estamos impulsado la competitividad de la economía.

Más allá de las consideraciones ideológicas, los resultados ya son palpables como indican los datos. Por encima de todo se ha invertido la tendencia en la destrucción de empleo: durante el último semestre el paro disminuyó en 250.000 personas y hoy tenemos casi 300.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año. Además, hemos encadenado tres trimestres consecutivos de crecimiento de nuestra economía y estamos creciendo el doble que el conjunto de países que forman la eurozona.

El espíritu del Real Decreto-Ley es claro. Ahora ha llegado el momento de trasladar esa mejora indudable a los sectores más castigados por la crisis económica: los desempleados, los jóvenes, los autónomos, las pymes. En estos momentos nuestra solidaridad con ellos debe ser máxima porque sólo cuando las positivas cifras macroeconómicas les lleguen a ellos, estaremos en condiciones de afirmar que la crisis económica ha sido superada.

Este Decreto Ley incluye medidas fundamentales para impulsar la recuperación de la economía y del empleo, medidas que no pueden esperar a octubre porque estaríamos dejando perder muchas oportunidades.

Son muchas las medidas de futuro que contiene el texto presentado por la Vicepresidenta del Gobierno de la Nación, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el Congreso de los Diputados. Entre todas ellas me gustaría subrayar las referidas al fomento del empleo joven, como los incentivos a la contratación de los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil con una bonificación de 1.800 euros para su contratación de forma indefinida; así como la puesta en marcha de un Portal único de la Garantía Juvenil que será un punto de encuentro entre los jóvenes, las empresas y las administraciones, concentrando todas las posibilidades de empleo y de formación, y conectando con mayor agilidad oferta y demanda.

Asimismo es preciso resaltar como se merece el apoyo a autónomos y pymes, la auténtica espina dorsal de nuestra estructura productiva puesto que aportan el 65% del PIB y suponen el 75% del empleo. Se va a proceder a la rebaja de impuestos a los 325.000 autónomos que tienen rentas inferiores a los 15.000 euros anuales, reduciendo del 21 al 15% sus retenciones.

Y también quisiera aludir a un conjunto de disposiciones más generales en su ámbito de aplicación pero que van a tener un hondo alcance y un impacto muy positivo en nuestra economía. Entre ellas se encuentran la potenciación de nuestra industria de turismo con medidas de flexibilización y simplificación de las actividades comerciales; el apoyo a la financiación e internacionalización de las empresas españolas, especialmente de las pymes; o el impulso a la innovación con una dotación extraordinaria de 95 millones de euros a la I+D+i y de otros 175 millones a una nueva edición del Plan PIVE que está permitiendo recuperar nuestra industria del automóvil.

En suma, la aprobación de este Real Decreto-Ley va a contribuir de manera decisiva a consolidar la recuperación económica cuyos primeros efectos ya advertimos y, sobre todo, permitirá que esa recuperación llegue cuanto antes a los ciudadanos al extender la mejora de nuestra economía a los sectores que más han padecido con la recesión, favoreciendo la generación continuada de empleo y el crecimiento de un tejido productivo más competitivo y eficaz.

 

Tribuna de opinión publicada el 13 de julio de 2014 en El Mundo Cantabria

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