Partido Popular en Cantabria

No existe ni ha existido vínculo alguno entre el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias. El Partido Popular no ha financiado la personación de dicho sindicato en ninguna causa.

Sea o no sea militante del PP la persona señalada, los comportamientos individuales de cada uno de los 14.000 afiliados no vinculan ni son responsabilidad de la organización. 

Generar sospecha, acusando de forma gratuita y sin pruebas de una presunta complicidad, es un acto irresponsable que a quien lo hace le inhabilita moralmente para el ejercicio de un cargo público.

Por ello, el Partido Popular reprueba enérgicamente las manifestaciones del presidente Revilla, y mucho más las del imputado Ángel Agudo. Este último ha acusado sin el menor fundamento al Partido Popular de utilizar una organización criminal para hacer chantaje. Esto nos parece incalificable.

Ha dicho el Sr. Agudo, imputado por corrupción, que si grazna como un pato, y nada como un pato, lo normal es que sea un pato, y nosotros le recordamos que la magistrada, el fiscal, Cantur y Manos Limpias le han dicho a él precisamente eso: que grazna como un pato, que nada como un pato, y que lo normal sería que fuera un pato.

Es más que evidente que el Gobierno y los partidos que lo integran siguen empeñados en distraer la atención del fondo de la cuestión, que es el siguiente:

El denominado “caso Racing” por el que han sido imputados de gravísimos delitos los exconsejeros del Gobierno de Revilla, López Marcano y Ángel Agudo, nace en una Comisión Parlamentaria sobre la gestión de la empresa pública Cantur.

Las conclusiones de la citada Comisión fueron remitidas al Ministerio Fiscal, siguiendo las directrices del reglamento de la Cámara y los consejos del propio Revilla, quien ha animado en diversas ocasiones a acudir a Las Salesas a quien tuviera sospecha de la comisión de un delito

Fue la fiscalía precisamente la que actuó en el ámbito judicial al ver claros y manifiestos indicios de delito.

A su vez, el Gobierno de Cantabria, en defensa del interés público y dado el grave perjuicio que tales actos habían tenido para las arcas públicas, decidió personarse en la causa a través del abogado Sr. Noriega, contratado, en el uso de sus atribuciones, por acuerdo del Consejo de Administración de Cantur como representante legal en este procedimiento.

Sorprendentemente, dicho letrado fue cesado por el actual Gobierno de Revilla, lo que supuso un notable escándalo ante la opinión pública, ya que fue claramente interpretado como un intento de debilitar la posición de la acusación.

¿Qué es más preocupante, que un ciudadano participe en la financiación para la personación de un sindicato en una causa judicial, o que el Gobierno decida retirar al abogado que lleva la defensa de los intereses de los cántabros?

Esta decisión fue finalmente revocada por el propio Revilla dada su inoportunidad, aunque el hecho de la destitución ya había dejado notablemente claro que esta maniobra de apartar a un letrado que era conocedor en profundidad de una causa tan compleja, no podía responder a otro interés que no fuera el de desactivar la acusación sostenida por Cantur, ante la imposibilidad de retirarse de la misma, pues este era un aspecto contemplado en el acuerdo de Investidura con el Grupo Podemos.

El hecho de que el Ministerio Público (Fiscalía) ejerciese y siga ejerciendo la acusación en dicha causa, explica por si sólo que en ningún caso era necesaria la personación de otras organizaciones o personas como acusación popular, y menos aún si tenemos en cuenta que la propia empresa pública, Cantur, mantiene la acusación como organización afectada por los presuntos delitos.

La personación de Manos Limpias en la causa, como acusación particular, es por ello, irrelevante procesalmente y, entendemos, es una decisión de la citada organización, adoptada, como es lógico, sin el conocimiento y mucho menos el impulso de nuestro partido.

Queda meridianamente claro que todo lo aparecido en los medios, en estos días, no es más que una cortina de humo que pretende hacer pasar como víctimas de una persecución política a quienes presuntamente son culpables de graves hechos de corrupción, como se recoge en el auto de la Magistrada Instructora de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN.

Pasemos, pues, a relatar los hechos ciertos, tal y como son reflejados en el procedimiento judicial:

Mediante Auto de fecha 11 de mayo de 2015, la Magistrada Instructora acordó incoar procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado y convocar a los imputados, al Ministerio Fiscal y partes personadas a una comparecencia a fin de concretar la imputación.

En fecha 4 de junio de 2015 se celebró la comparecencia prevista en el art. 25 de la Ley del Jurado en la que el Ministerio Fiscal, acusaciones y perjudicada concretaron las imputaciones en los términos de los escritos aportados a autos cuyo contenido se da por reproducido. El Ministerio Fiscal concretó la imputación de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal contra los Sres. López Marcano, Agudo y otros.

Como puede verse en el citado auto, quien concreta la imputación es la propia fiscalía (nadie creerá que siguiendo instrucciones del Partido Popular, evidentemente).

A su vez Cantur, representada por el letrado Sr. Noriega, concretó en dicho acto la imputación de un delito de malversación de caudales públicos del art. 432,1 y 2 del Código Penal, contra los Sres. López Marcano, Agudo y otros, así como de un delito de fraude a ente público del art. 436 del CP contra los Srs. López Marcano, Agudo y otros.

Si pasamos a extractar los fundamentos jurídicos del Auto, la Magistrada del TSJC expone: “existen indicios suficientes de la comisión de los hechos y de la participación en los mismos de los acusados”.

Y en la Parte Expositiva, finalmente, el auto de la Magistrada acuerda: la continuación del presente procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado, seguido contra Don Francisco Javier López Marcano, Don Ángel Agudo San Emeterio y otros por un presunto delito de malversación de caudales públicos; y contra Don Francisco Javier López Marcano, Don Ángel Agudo San Emeterio y otros por un presunto delito de fraude a ente público.

En Conclusión, el Partido Popular de Cantabria no es ni ha sido parte de la acusación en este proceso, ni de forma directa ni a través de personas interpuestas.

Tal personación, directa o interpuesta, además, habría sido innecesaria e irrelevante, toda vez que la propia fiscalía mantiene las acusaciones, y la empresa pública Cantur mantiene las suyas.

El Partido Popular muestra su rechazo absoluto a quienes han orquestado una campaña que sólo puede entenderse como una estrategia lamentable cuyo único objetivo es presentar como víctimas a quienes son presuntos culpables, según el criterio de la Fiscalía y de la Magistrada, de delitos de enorme gravedad, cuyos costes para las arcas públicas, a tenor de lo investigado, superarían de largo los 40 millones de euros.

(Tendrá continuidad mañana)