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El PP presenta una iniciativa en el Parlamento para frenar la normativa energética del Gobierno de Sánchez

La presidenta de PP apela a la unidad de acción en defensa del tejido productivo y del empleo industrial de Cantabria

El Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Parlamento de Cantabria para frenar la normativa energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que amenaza la viabilidad de las grandes industrias de Cantabria y de miles de empleos, y reclamar que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida para la reindustrialización de Torrelavega y la comarca del Besaya.

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha apelado a la unidad de acción para pasar de las palabras a los hechos y defender el tejido industrial de Cantabria, su competitividad y los puestos de trabajo, en este momento, una de las mayores preocupaciones de los cántabros ante la que el Gobierno de Cantabria tiene que implicarse y echar el resto.

Buruaga ha hecho hincapié en que las decisiones políticas de Pedro Sánchez y su talibanismo energético han puesto en jaque a las grandes industrias de Cantabria, a través de una orden que recorta las ayudas a la cogeneración y un proyecto de Real Decreto de Estatuto del Consumidor Electrointensivo que dispara los costes energéticos y les impide competir en condiciones de igualdad con el resto de Europa.

Según la presidenta del PP, la orden del Ministerio de Transición Ecológica que recorta las retribuiones a la cogeneración ha truncado las actuaciones que Sniace estaba llevando a cabo para su saneamiento financiero y ha desincentivado el interés de cualquier inversor en el proyecto industrial, al transformar de la noche a la mañana la planta de cogeneración en un activo económicamente inviable.

“El hachazo de Sánchez ha dado el golpe de gracia a Sniace, pero amenaza también el futuro de otros muchos referentes industriales de Cantabria que tienen plantas de cogeneración”, ha advertido.

A esta normativa, se suma el proyecto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que recorta el presupuesto de 500 a 262 millones y aumenta el número de empresas beneficiarias de 119 a 600 abriendo el régimen de ayudas y beneficiarios a las empresas no electrointensivas, en su mayoría vascas y catalanas, en perjuicio de las que realmente lo son.

Buruaga ha dicho que si el problema de Sniace y de otros muchas industrias es el cambio en los parámetros retributivos a la cogeneración y el proyecto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo ahí está la solución. “Hay que revertir esa normativa y dar la batalla hasta el final”, ha afirmado la presidenta, quien ha insistido en que el Gobierno de Cantabria y, especialmente, el presidente Revilla, debe implicarse de una vez porque hasta ahora no se le conoce ninguna actuación en esa dirección.

De ahí que el grupo parlamentario Popular reclame en su iniciativa, una moción, que el Gobierno de coalición PRC-PSE se dirija al Ejecutivo de Pedro Sánchez para reclamar la  modificación de la orden que recorta las ayudas a la cogeneración.

Además, le pide que presione para que se acepten las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria al borrador del proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

El grupo popular reclama que se intensifiquen las negociaciones con la Unión Europea para incluir a Cantabria en el marco de ayudas europeas a los procesos de descarbonización con el fin de favorecer la transición energética de nuestro sector industrial.

Además, pide que se incluya en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 una dotación específica para la reindustrialización de Torrelavega y la Comarca del Besaya dentro del programa “Reindús”.

 

Se adjunta la moción del Grupo Popular

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