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El Grupo Popular considera que pudieran derivarse responsabilidades penales del caso GFB

La portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre GFB, María Antonia Cortabitarte, informó hoy de las conclusiones de su grupo parlamentario a dicha Comisión.

 

El Grupo Popular considera que pudieran derivarse responsabilidades de todo tipo, que en su caso pudieran ser incluso de naturaleza penal, de las actuaciones del anterior Gobierno de Cantabria en la instalación de la fábrica de fibroyeso GFB, en la localidad de Orejo.

Es una de las dieciocho conclusiones que recoge el dictamen propuesto por el Grupo Popular a la Comisión de Investigación sobre la empresa de fibroyeso Suyesa-GFB y que hoy ha dado a conocer la portavoz del PP en dicha comisión, María Antonia Cortabitarte, acompañada de los vocales en la misma Julio Bartolomé y Carlos Bedia.

María Antonia Cortabitarte explicó que el Grupo Popular tiene el convencimiento "por encima de toda duda razonable", de que la responsabilidad, tanto del proyecto inicial como de sus posteriores variaciones, corresponde en primer lugar al ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, quien no sólo firma el protocolo inicial el 1 de marzo de 2004 y asume públicamente la responsabilidad del proyecto en sede parlamentaria, sino que resulta inverosímil que no conociese y autorizase la evolución posterior del que ha supuesto "el mayor quebranto para las arcas públicas de la historia de Cantabria".

Además, según enumeró Cortabitarte, estas responsabilidades afectarían también a la ex vicepresidenta del Gobierno de Cantabria Dolores Gorostiaga y a los ex consejeros socialistas de Industria y Economía, Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo; así como al ex consejero delegado de Sodercan y consejero de GFB, Salvador Blanco; al ex consejero delegado de Sodercan, José Villaescusa; y al ex director general de Sodercan, Francisco Royano.

La parlamentaria del PP indicó que los trabajos de la comisión han acreditado la pérdida de entre 45 y 50 millones de euros de recursos públicos de Cantabria y que el Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla, a través de Sodercan, permitió que se pagara un sobreprecio de 12 millones de euros en la adquisición de una maquinaria que fue tasada en el año 2008, 4 años después de comprada.

Asimismo, el Grupo Popular destaca en sus conclusiones que de la lectura de los diferentes testimonios de los comparecientes se desprenden numerosas contradicciones susceptibles de ser consideradas falsos testimonios, así como se desprende la voluntad de los responsables políticos de derivar la responsabilidad hacia el personal técnico adscrito al proyecto.

Estas conclusiones se debatirán junto con las presentadas por los grupos de la oposición en la próxima sesión de la Comisión de Investigación y en el Pleno del Parlamento de Cantabria.

 

Fotografía en Alta Resolución 1

Fotografía en Alta Resolución 2

Fotografía en Alta Resolución 3

(Se adjunta en PDF el dictamen propuesto por el Grupo Popular a la Comisión de Investigación sobre GFB)

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